La Coalición LAC RMD hace un llamado a la acción en el marco de la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes de Venezuela
La Coalición LAC RDM[1] saluda y agradece al Gobierno de Canadá y la Plataforma R4V, por convocar la Conferencia Internacional de Donantes, así como a la Unión Europea y la Comunidad internacional de donantes por su compromiso con los más de 5.6[2] millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, de los cuales 4.6 millones se encuentran en América Latina y el Caribe.
De acuerdo con el Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2021 (RMRP) hay 7,2 millones de personas con necesidades humanitarias: 3,4 millones de venezolanos asentados en países de acogida, y el resto retornados, en tránsito y/o en movimiento pendular[3], población que en 2020 sufrió particularmente el impacto de la pandemia de Covid-19.
Los desalojos, la falta de un techo seguro, la violencia de género, la imposibilidad de los niños, niñas y adolescentes (NNA) para permanecer o acceder a educación[4], la vulneración de la salud y derechos sexuales y reproductivos, el recrudecimiento de la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas[5], la falta de acceso de manera regular y adecuada a alimentos y nutrientes, la pérdida de fuentes de ingresos incluidas las personas con discapacidad muchas veces dedicadas al trabajo informal, las dificultades para acceder a tratamientos de las personas con enfermedades crónicas, la discriminación y violencia, particularmente hacia la población LGTBQI+, la falta de oportunidades para los jóvenes y la falta de respuestas para las personas con discapacidad, entre múltiples afectaciones, han tenido un serio impacto en la integridad física y psicológica de la población.
Por otra parte, se estima que 25.000 niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados han salido de Venezuela entre 2015 y 2019[6], cifra que va en aumento y que agudiza los riesgos de protección. Las restricciones y cierres fronterizos han incrementado considerablemente los riesgos de protección para la población que transita por los países o cruza las fronteras de manera irregular y la presencia de actores armados no estatales o de bandas criminales a lo largo de la frontera entre Venezuela y Colombia, ha complicado aún más la crisis, incluso afectando a la población venezolana en su territorio y causando nuevos desplazamientos desde Venezuela hacia Colombia, como consecuencia de confrontaciones armadas, amenazas, intimidaciones y asesinatos.
A pesar de todos estos desafíos, algunos países de la región han sido ejemplo de solidaridad al implementar medidas que faciliten la integración. Sin embargo, los retos a mediano plazo pueden ser mayores dado que América Latina y el Caribe es la región más afectada por la crisis generada por la COVID-19 y se convertirá en la región más endeudada del mundo a fin de 2021, con niveles de pobreza y pobreza extrema que no se veían desde hace 12 y 20 años, respectivamente (Cepal, 2020).
Con sólo un 5.4% de los fondos necesarios requeridos[7] en 2021 o un 46,8 % del RMRP 2020, la respuesta a la crisis de refugiados y migrantes está desfinanciada de manera alarmante. Las organizaciones de la sociedad civil solamente han reportado como recibido 8 de cada 100 dólares solicitados en el marco del RMRP, a pesar de constituir el 90% de las organizaciones integrantes del Plan.
La crisis de refugiados y migrantes venezolanos, en cuanto a cifras de población afectada, es similar a otras crisis humanitarias con las que encuentra paralelismos en su magnitud y evolución, como es el caso de la migración de Siria, cuyo financiamiento a 2020, supera los 20 billones de dólares en comparación con los 1.4 billones que ha recibido la crisis por la migración de Venezuela[8] desde el inicio de la crisis.
Las consecuencias de la crisis humanitaria de migrantes y refugiados de Venezuela implican la urgente necesidad de más fondos, apoyo político y visibilidad para garantizar una respuesta estratégica que, de no atenderse de manera oportuna, pondrá en riesgo el imperativo humanitario de salvar vidas y el compromiso de donantes y de la comunidad internacional para incrementar el acceso a soluciones duraderas. Es importante recordar que el financiamiento para los países receptores debe complementar y no ir en detrimento de la atención a la situación en el país de origen. Los factores de expulsión de Venezuela persisten y su tendencia muestra que podrían agudizarse.
En este contexto, la Coalición LAC RDM hace un llamado a la ACCIÓN para los Estados, Comunidad Internacional de Donantes, Organizaciones Multilaterales y de las Naciones Unidas, dirigido a:
- Asegurar más recursos de manera directa y multianual a las organizaciones de la sociedad civil que están respondiendo en la primera línea de intervención, asegurando la totalidad de los fondos requeridos de manera oportuna, para garantizar una respuesta integral a mediano y/o largo plazo.
- Garantizar un equilibrio en la distribución de los recursos para la atención de la población en el país de origen y en los países receptores, así como también incrementar el apoyo financiero y técnico, a las instituciones locales y nacionales de los países de acogida.
- Priorizar la identificación, aprobación y financiación de acciones a mediano y largo plazo que promuevan la integración de refugiados, migrantes y comunidades vulnerables de acogida a través del fortalecimiento de los sistemas de protección, la resiliencia, hacer frente a los desafíos macroeconómicos, abordar los factores de vulnerabilidad y fortalecer la red de seguridad social que permitan asegurar soluciones duraderas.
- En los países de acogida promover políticas públicas, especialmente en el marco de la implementación del Plan de Acción de Brasil[9], que mitiguen las barreras para la regularización de los migrantes y estimulen el acceso a oportunidades de generación de ingresos por fuera de las economías ilegales.
- Promover que, en el contexto de la pandemia aún vigente, los gobiernos de la
región protejan a todos los habitantes de su territorio, sin discriminación por motivos
de nacionalidad y condición migratoria, y garanticen acceso a servicios de salud y medidas de prevención y control de la pandemia, incluido el acceso a la vacunación en igualdad de condiciones que los nacionales. - Implementar un sistema formal de monitoreo para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la conferencia internacional de donantes, que incluya la participación estratégica de la sociedad civil.
La Coalición LAC RMD saluda y agradece este espacio tan relevante para la reflexión, reafirmando su compromiso para continuar trabajando con los Estados, las Naciones Unidas y la Comunidad Internacional de Donantes, poniendo a disposición nuestro apoyo, experiencia y conocimientos para trabajar de manera coordinada por el bienestar e integridad de las personas migrantes y refugiadas, promoviendo su participación, incluidas las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, las personas con discapacidad y la comunidad LGBTQI+, a fin de contribuir a la búsqueda de soluciones duraderas y a la garantía de sus derechos humanos.
[1] La Coalición por los Derechos de los Refugiados, Migrantes y Desplazados en América Latina y el Caribe es una alianza estratégica de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con poblaciones refugiadas, migrantes y desplazadas en el marco de los principios del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos y su principal objetivo es abogar ante los Estados por una preparación y respuesta humanitaria eficaz, a corto, medio y largo plazo. Actualmente está integrada por: Aldeas Infantiles, Acción contra el Hambre (ACH), Bethany, CARE, COOPI, ChildFund, CISP, DRC/DDG, FLM, HIAS, IRC, IPPFWHR, Consejo Noruego para Refugiados (NRC), OXFAM, Plan International, RET Américas, RIADIS, Save the Children, World Vision y IFRC (como observadores)
[2] https://www.r4v.info/es/home
[3] https://www.r4v.info/es/document/rmrp-2021-es
[4] En este contexto, la situación de la niñez migrante y refugiada es extremadamente preocupante. De acuerdo a evaluaciones en algunos países del sur, se estima que alrededor del 50% de los niños y niñas venezolanos refugiados, migrantes y solicitantes de asilo en Ecuador, Colombia y Perú no están matriculados en la escuela .
[5] Se ha provocado un recrudecimiento de la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas, especialmente durante las rutas por las que transita la población para llegar a su lugar de destino. Estas violaciones a sus derechos se ven agravadas por la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, por la discriminación y xenofobia, o por la hipersexualización de las niñas, jóvenes y mujeres venezolanas, la pérdida de acceso a medios de vida y empleos formales debido a las consecuencias de la COVID-19 . Según algunos reportes, la estigmatización sexual es la principal preocupación de las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas .
[6] Datos extraídos de http://hijosmigrantes.com/temporada1/errantes-encontexto/
[7] A fecha de 4 de junio de 2021, el 95% del plan de respuesta regional no ha sido financiado https://www.r4v.info/es/financiamiento
[8] https://www.brookings.edu/blog/up-front/2021/02/26/venezuelan-refugees-and-their-receiving-communities-need-funding-not-sympathy/
[9] El Plan de Acción de Brasil es una “hoja de ruta común para fortalecer la protección y promover soluciones sostenibles para las personas refugiadas, desplazadas y apátridas en América Latina y el Caribe dentro de un marco de cooperación y solidaridad”.